El CETA en la encrucijada: los próximos meses decidirán su futuro

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En agosto de 2014, los equipos negociadores de la Unión Europea y Canadá llegaron a un consenso sobre el texto final del Acuerdo Económico Global de Comercio, conocido como CETA por sus siglas en inglés. Un mes después tuvo lugar la presentación oficial ante los medios de comunicación. El proceso había comenzado cinco años antes, en mayo de 2009, cuando el gobierno canadiense y la Comisión Europea, esta última con un mandato otorgado por el Consejo, decidieron iniciar el proyecto de construir un gran mercado libre de aranceles y regulaciones administrativas, con la intención proclamada de facilitar el comercio entre ambas partes e impulsar la economía y el empleo.

De la opacidad con que se llevaron a cabo las negociaciones da cuenta el hecho de que el Parlamento Europeo no tuvo conocimiento de lo que se cocía entre bastidores hasta la finalización de las mismas. Así como en el TTIP, la Comisión, obligada por la presión ciudadana, no ha tenido más remedio que abrir algo la mano en su política informativa, en el caso del CETA, eso no se dio.

El CETA aborda asuntos complejos de legislación comercial, política industrial, agricultura, energía, medioambiente y servicios públicos, entre otros muchos, que no han sido debatidos por ningún comité del Parlamento Europeo. Ni siquiera el polémico Sistema de Tribunales de Inversión (ICS) que afectaría a nuestro sistema legal, tanto en el ámbito europeo como en el nacional. El bloque completo del tratado, con sus 42 capítulos más los anexos (1.634 páginas en su versión inglesa), que solo estuvo disponible traducido a todas las lenguas de la UE en julio de 2016, se propondrá para su aceptación o rechazo sin que nadie, excepto los grupos de presión empresariales, haya podido intervenir para expresar su opinión o sus preocupaciones.

La intención original de la Comisión era considerar el CETA como un tratado de competencia exclusiva de la Unión Europea, por lo que el proceso de ratificación solo tendría que pasar por el Consejo y el Parlamento Europeo. Al final, después de muchas discusiones con los miembros del Comité de Política Comercial del Consejo, gran parte de ellos opuestos a ese enfoque, y fundamentalmente a causa de una variable no contemplada en la ecuación hasta ese momento, como ha sido el Brexit, la Comisión ha optado por aceptar, no sin reticencias, que el CETA sea gestionado como un acuerdo mixto, por incluir disposiciones sobre temas que caen bajo la responsabilidad de los parlamentos nacionales o locales, tales como servicios, propiedad intelectual, compras públicas, etc. Al mismo tiempo, la Comisión pretende la entrada en vigor provisional del tratado inmediatamente después de su ratificación por el Parlamento Europeo.

El proceso que se abre a partir de esa decisión es que el CETA tendrá que ser firmado por todos los Estados miembros sin excepción y, por tanto, ratificado por el Parlamento Europeo y 39 cámaras de 28 países (con la duda de lo que pasará con el Reino Unido). Legalmente, si una sola de esas cámaras lo rechaza, la Comisión debe parar inmediatamente la aplicación provisional y notificar al Consejo que el tratado no se puede concluir. Además, en teoría parece posible que en 13 países se puedan celebrar referéndums consultivos.

Las fechas clave previstas para el proceso de ratificación del CETA son las siguientes:

  • 22-23 de septiembre: Consejo informal de ministros de comercio de la UE en Bratislava, donde se tomará una decisión sobre la firma de CETA con vistas a la cumbre UE-Canadá de octubre.
  • 17 de octubre: Consejo Europeo de Asuntos Exteriores
  • 20-21 de octubre: Consejo Europeo de Jefes de Estado de la UE, con un posible punto del orden del día sobre la firma de CETA.
  • 28 de octubre: Cumbre UE-Canadá donde se firmaría oficialmente el CETA
  • 29 de noviembre: voto en la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo (INTA)
  • 13-15 de diciembre: votación sobre la ratificación del CETA en el Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

En respuesta a esta agenda, cientos de organizaciones de la sociedad civil europea han hecho un llamamiento a la participación en el llamado Otoño en Resistencia. Este consistirá en un gran número de acciones en todo el01color_cat continente, diversificadas según las circunstancias de cada país pero con el objetivo común de tumbar el CETA y lo que venga detrás TTIP y TISA, y ofrecer una alternativa de política comercial que ponga a las personas y el planeta primero, y acabe con la impunidad de las corporaciones transnacionales.

Italia, Alemania, Francia, Bélgica, Eslovaquia y Finlandia serán los escenarios principales de estas acciones durante el mes de septiembre. En octubre, las mayores movilizaciones tendrán lugar en el Estado español, Reino Unido, Holanda, Bulgaria, Grecia y de nuevo Italia y Francia.

Por lo que respecta al Estado español, la Campaña NO al TTIP/CETA/TISA ha convocado a una semana de acción del 8 al 15 de octubre, a la que de momento se han sumado Madrid, Barcelona, Valencia, Asturias, Huelva, Castellón, Pamplona, Burgos, Elche, Alicante y Santander. En ella se desarrollarán iniciativas muy variadas, desde las clásicas manifestaciones y concentraciones a las cadenas humanas, mociones parlamentarias, pancartas en ayuntamientos, caravanas de taxis, talleres, murales, actividades culturales, mesas informativas, charlas, seminarios, etc.

En el País Valencià, las acciones principales serán una manifestación el día 15 en Valencia convocada junto a Pobreza Cero, una concentración con actividades diversas en Castellón y una manifestación en colaboración con la Plataforma contra la Pobreza y otras organizaciones en Alicante.

Alberto Martínez

Coordinador de la campanya NoalTTIP en València i membre d’ATTAC-PV

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