El TTIP y la sanidad que nos espera

Hospital Vinalopó ElxLa experiencia sufrida tras los procesos de privatización en la gestión de algunos centros sanitarios públicos nos está dejando una valiosa lección: la calidad en la asistencia sanitaria es consecuencia de los objetivos perseguidos por quienes gestionan nuestros recursos. O lo que es lo mismo, cuando la gestión sanitaria está orientada a la obtención de beneficios de la empresa de turno se produce un menoscabo en el cuidado de la salud de la población, en las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y, por supuesto, en nuestras arcas públicas. Por tanto, no es de extrañar que allí donde se implantan modelos concesionales sanitarios acaben surgiendo Plataformas en defensa de la Sanidad Pública que paralicen e intenten revertir el proceso privatizador. Tal y como ha sucedido en Elche donde, como era de esperar, se ha constituido la Plataforma Baix Vinalopó per la Sanitat Pública. Una iniciativa ciudadana que surge al calor del movimiento de solidaridad y apoyo hacia los delegados sindicales del Hospital de gestión privada Del Vinalopó, quienes sufrieron diversas sanciones (con despido incluido) tras denunciar las condiciones laborales, las cargas de trabajo y la forma en que se presta la asistencia sanitaria en el centro hospitalario. Con ello la sociedad ilicitana también se organiza para evitar que las grandes corporaciones condicionen las políticas de salud pública.

Pero el capital financiero también ha comprendido que debe blindar sus movimientos especulativos frente a la esperada respuesta de la población cuando comience a ser palpable el empeoramiento de las prestaciones sanitarias. Pero, ¿cómo pretenden alcanzar sus objetivos las grandes corporaciones? Pues, sencillamente, como ya han hecho en muchas otras partes del mundo: con un proceso de ingeniería antidemocrática en forma de versión moderna del Caballo de Troya. Para ello se nos ‘vende’ un tratado comercial que supuestamente va a traer más trabajo y prosperidad a toda la población. Un acuerdo en el que se introduce un caramelo envenenado en forma de tribunal privado que actuará de juez en los litigios entre las corporaciones y los Estados, y que impedirá que estos últimos puedan legislar en favor del interés general. A continuación, gracias a la complicidad de unos gobernantes de dudosa reputación, a una absoluta falta de transparencia y a unos medios de comunicación controlados en buena parte por el capital financiero, la ciudadanía asume sin reparos o con un absoluto desconocimiento la aprobación de un acuerdo que supondrá, en un futuro no muy lejano, el deterioro de derechos básicos fundamentales y una irremediable pérdida de soberanía.

Toda esta situación que a primera vista podría parecer ciencia ficción, es ya un hecho y tiene consecuencias reales para la soberanía de los pueblos en todo el planeta. Con ejemplos como el protagonizado por la farmacéutica Eli Lilly and Company, que en 2013 utilizó el Tratado Libre de Comercio de América del Norte para demandar a Canadá por proteger a su población de las prácticas monopolísticas de la compañía. O como el acontecido en Eslovaquia en 2013, cuando la compañía holandesa Achmea utilizó estos tribunales privados para bloquear un proyecto del gobierno que pretendía establecer un sistema único de seguro de salud pública. O como ha sucedido en centenares de situaciones similares por multitud de países.

Pero es ahora cuando estos tratados están llamando a nuestra puerta. Se denominan TTIP, CETA y TISA y, tras años de negociaciones marcadas por el secretismo, el objetivo de las grandes corporaciones es aprobarlos durante los próximos meses. Estos tratados pretenden despojar a los Estados de su capacidad reguladora. Además, son unos perfectos desconocidos para la ciudadanía, ya que los grandes medios han intentado imponer un silencio mediático brutal. Y, por si esto fuera poco, la mayoría de partidos han vetado la posibilidad de someterlos a referéndum y han dado el visto bueno a las negociaciones en Europa (PP, PSOE, Ciudadanos, UPyD, PNV y CIU). Esta situación hace que las grandes multinacionales se froten las manos y que muchas de ellas vayan cogiendo posiciones ante una eventual firma de estos tratados. Algo que, por ejemplo, ya está haciendo la compañía estadounidense de servicios de la salud Centene Corporation, que ya se ha hecho con buena parte de las acciones del grupo Rivera Salud (concesionaria del Hospital Del Vinalopó en Elche).

Por tanto, y ante semejante panorama, la única posibilidad que tenemos de garantizarnos el disfrute de una sanidad universal, pública y de calidad, va mucho más allá de ganar una batalla momentánea. El éxito dependerá de nuestra capacidad de comprender la magnitud real del problema y de saber organizarnos para luchar contra la aprobación de estos tratados. Ni más ni menos.

Sebastián Madrigal Vílchez. Miembro de ATTAC PV – Elx

Origen del texto: http://www.laverdad.es/alicante/elche/201605/06/ttip-sanidad-espera-20160506171801.html

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *