Adoración Guamán*

17 de abril de 2019

La vida de Julian Assange, protegida hasta hace una semana por su condición de asilado en la embajada del Ecuador en Londres desde junio de 2012, se encuentra en peligro. Tras más de seis años y diez meses nada fáciles de vida en una habitación de 30 metros, el 11 de abril de 2019 Assange fue entregado por el Gobierno de Ecuador a la policía británica. Con su detención respondía a una solicitud de extradición de los Estados Unidos.

El Gobierno de Lenín Moreno continúa así con su deriva neoliberal y su clara subordinación a las órdenes de la embajada estadounidense en Quito. Tras renegar de la UNASUR (el proyecto de integración regional latinoamericano en clave soberana), retomar la senda de la firma de tratados de comercio e inversión, conceder todo tipo de privilegios fiscales a las empresas extranjeras, implorar la intervención del Fondo Monetario Internacional y aceptar gustoso la exigencia de un ajuste socio/económico brutal, Ecuador materializa este viaje al pasado, a la década perdida, entregando a Julian Assange.

Las circunstancias políticas que motivaron que el cofundador de Wikileaks solicitara en 2012 el asilo no han cambiado, al contrario, se presentan fundamentalmente agravadas. En aquel momento, Assange se identificó como víctima de una persecución jurídica, en distintos países, orquestada por Estados Unidos y derivada no solo de sus ideas y acciones, “sino de su trabajo al publicar información que compromete a los poderosos, de publicar la verdad y, con ello, desenmascarar la corrupción y graves abusos a los derechos humanos de ciudadanos alrededor del mundo”. Se trataba sin duda de una muestra del ya conocido como lawfare, o mecanismo de represión jurídica utilizado para eliminar al enemigo político y que ha supuesto el encarcelamiento y la eliminación de la contienda electoral de líderes como Lula o la imposibilidad de regreso a Ecuador del propio expresidente Correa.

Ecuador y Assange coincidieron en 2012 como una virtuosa pareja. Por un lado, el país andino se encontraba en plena expansión de una política internacional de tintes contra-hegemónicos que se desarrolló, con mayor o menor fortuna, durante los años del gobierno de Rafael Correa. El cierre de la base militar de Manta; la cancelación del contrato con la petrolera norteamericana OXY; la declaración de ilegitimidad de un tramo de la deuda externa; el apoyo a las miles de víctimas de la transnacional Chevron-Texaco; la política de desenganche del marco internacional de protección de las inversiones extranjeras (con la denuncia del CIADI y de los Tratados Bilaterales de Inversión); la propuesta de un instrumento vinculante sobre derechos humanos y empresas trasnacionales en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas; el impulso de la iniciativa Yasuní ITT o de mecanismos por la justicia fiscal y contra los paraísos fiscales; el apoyo de las iniciativas de integración regional en clave soberana en América Latina, entre otras cuestiones, hacían que la concesión de asilo a Assange se considerase como un paso más para afirmar la soberanía del pequeño país frente a las décadas anteriores de sumisión estatal y regional a los imperativos de Estados Unidos.

Todas estas líneas de actuación marcaron el escenario que movió a Assange a pedir el asilo en la embajada ecuatoriana. Es más, en aquel momento él mismo manifestó otro punto importante: Ecuador no estaba solo. La geopolítica regional jugaba en una cancha con postulados posneoliberales que podían asegurar la protección del activista frente a la voluntad de Estados Unidos de silenciarle.

Evidentemente Ecuador justificó la concesión de asilo en la defensa de los derechos humanos, señalando insistentemente la existencia de fundadas sospechas de persecución política y de represalias por parte de los países que se vieron afectados por la actividad de Wikileaks. De hecho, el país andino intentó recabar garantías de que la vida y seguridad de Assange serían garantizadas, y eso incluía la no extradición a un país fuera de la Unión Europea, pero las respuestas siempre fueron negativas. La estrategia de lawfare exigía la entrega de Assange a Estados Unidos.

La actuación de Ecuador provocó reacciones frente al Gobierno de Correa. Tras la concesión de asilo, el Reino Unido llegó incluso a amenazar con asaltar la Embajada ecuatoriana en Londres para arrestarle. Esto provocó una reacción conjunta a nivel regional tanto desde de la UNASUR como desde la propia OEA, en apoyo de la posición soberana de Ecuador, la inviolabilidad de sus locales diplomáticos y su derecho de conceder el asilo político. Comenzaban así seis años y diez meses, a lo largo de los cuales la protección de la vida de Assange implicó un confinamiento durísimo en la embajada, en una habitación de 30 metros, una cárcel asumida como último recurso frente la amenaza permanente a la vida del cofundador de Wikileaks.

La protección de Assange comenzó a ponerse en duda con la llegada de Moreno al poder y muy particularmente en este último año. Su entrega ha sido la crónica de una traición anunciada, una de tantas de Lenín Moreno. Para entender el conjunto del proceso, es importante destacar que el propio Moreno accedió en el inicio de su Gobierno (cuando aún parecían quedar en él vestigios de lineamientos de la época anterior) a poner en marcha una última estrategia para intentar sacar a Assange de la embajada, protegiendo su vida y evitando la extradición. La táctica fue, sin duda, arriesgada aunque completamente correcta en el plano normativo. El 16 de septiembre del 2017, Assange pidió la naturalización, es decir el reconocimiento de igualdad de derechos a ecuatorianos y extranjeros, motivada en su permanencia de más de cinco años bajo la protección de Ecuador. El 12 de diciembre del mismo año se le concedió la nacionalidad y la cancillería ecuatoriana inició el trámite para que Reino Unido reconociese a Assange como agente diplomático, lo cual le proporcionaría inmunidad y permitiría su salida de la embajada (no es la primera vez que Ecuador concede la nacionalidad para proteger a víctimas de persecución política y es algo aceptado internacionalmente como vía de protección). En este caso, la estrategia no dio resultado. El Foreign Office, haciendo uso de sus prerrogativas, rechazó el nombramiento y la maniobra se destapó en los medios nacionales, manipulada por el propio presidente Moreno, que afirmó desconocer toda la operación. A partir de aquel momento, el hostigamiento personal a Assange fue en aumento. Además de la prohibición del acceso a internet y la restricción de visitas, se le llegó a enviar un protocolo de convivencia que rayaba en la vulneración de su dignidad como asilado.

En los últimos meses, la situación interna del país, con la popularidad del presidente cayendo en picado, se vio sacudida con la publicación de los llamados “INA papers” en los primeros días del mes de abril. En estos documentos, de cuya filtración se ha culpado de manera indirecta al círculo de Assange, se desvela una trama de corrupción que presuntamente involucra al presidente de Ecuador y a buena parte de su familia, incluyendo pruebas de lavado de activos, propiedad de empresas en paraísos fiscales (prohibido para los funcionarios públicos ecuatorianos), etc. La publicación de este portal de internet donde se cobijan miles de documentos provocó la apertura de una investigación contra el presidente ecuatoriano y otras personas cercanas por parte de la Fiscalía. Ese fue el detonante; la cabeza de Assange ya tenía una recompensa añadida a la prometida, cualquiera que sea, por Estados Unidos: el silencio y la venganza.

De nuevo la estrategia de lawfare, esta vez interna, ha marcado la aniquilación del enemigo político. El jueves 11 de abril, el ministro de Exteriores de Ecuador, José Valencia, declaraba el fin del asilo y, a la vez, la suspensión de la nacionalidad. En paralelo, las imágenes de Assange, envejecido y debilitado, arrastrado por la policía británica a la que se le había permitido el acceso a la embajada recorrieron el mundo.

Frente a las críticas que inundaron las redes y a los centenares de comunicados de apoyo al ciberactivista, las autoridades ecuatorianas han ofrecido un relato inconsistente para justificar la retirada del asilo y de la nacionalidad. Con respecto a esta última, el canciller llegó a afirmar que su suspensión se derivó de una “investigación” llevada a cabo por una diputada conservadora donde se concluía que “se habían transgredido las leyes ecuatorianas sobre concesión de la nacionalidad”. Como ha señalado la Defensora del Pueblo en un valiente comunicado público, la carta de naturalización de Assange, solo puede ser anulada observando lo establecido en el art. 81 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que exige el seguimiento del debido proceso y la notificación a las autoridades correspondientes. A día de hoy, todavía no se ha hecho pública la existencia de una resolución judicial que acredite la legalidad de esta decisión. Debe remarcarse, como indica la Defensora, que de no haberse suspendido correctamente la nacionalidad, estaríamos ante una extradición de facto, lo cual contradice el artículo 79 de la Constitución ecuatoriana.

Con respecto a la cancelación del asilo, las justificaciones han sido todavía más vergonzantes. Las circunstancias iniciales que justificaron jurídicamente el asilo no han cambiado. Al contrario, el temor inicial de Assange de ser entregado a Estados Unidos por las autoridades británicas se evidencia todavía más teniendo en cuenta que su detención deriva de una orden de extradición estadounidense. Sin embargo, el Gobierno de Moreno ha tomado esta decisión, vulnerando sus obligaciones respecto del principio de no devolución frente a los evidentes riesgos para la vida del asilado, fundamentándola en un discurso absurdo en torno al comportamiento personal de Assange. Como si se tratara de engañar a niños pequeños, la estrategia de comunicación de Moreno ha intentado distraer el foco, fijado la semana anterior sobre su propia corrupción y la degradación acelerada de los derechos en Ecuador, tras una pantalla basada en si Assange iba o no en patinete por la embajada.

Acusaciones falsas, propaganda engañosa sobre su vida y su comportamiento, mentiras y una clara estrategia de lawfare pretenden ser una pantalla para la cuasi total sumisión de la política ecuatoriana al autoritarismo del mercado y a la embajada estadounidense, así como un velo de silencio de la obscena corrupción destapada por los “INA papers”. Además, y en paralelo, la persecución política en Ecuador se ha cobrado una nueva víctima, el activista por el software libre Ola Bini, de nacionalidad sueca, en contra de quien, a través de un procedimiento policial en el que se verificaron sendas violaciones de los derechos humanos y del debido proceso, se ordenó prisión preventiva por noventa días para fines de investigación. Se le acusa de “compartir información en redes y tener una vinculación con Assange y Wikileaks”, justificados con elementos probatorios a todas luces irrisorios.

De la mano de Moreno y de su Gobierno de empresarios y representantes del capital financiero, Ecuador está efectuando un retorno al pasado rápido, una estrategia de venganza de las elites que exige silenciar las voces disidentes y aniquilar política (y jurídicamente) al enemigo. Como dijo hace años Julian Assange, la falta de acceso a la información se convierte en un medio de dominación. Callar a Assange y entregarle a Estados Unidos forma parte de esta estrategia de anulación de los adversarios políticos con los que la nueva derecha de América Latina instaura el autoritarismo de mercado con peligrosos tintes neofascistas.

*Adoracón Guamán es miembro de Attac País Valencià  y profesora titular de derecho del trabajo en la Universitat de València. Autora del libro “TTIP, el asalto de las multinacionales a la democracia”.

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