¿Será ciudadana la auditoría de la Generalitat?

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En la sesión de las Corts del 29 de octubre se aprobó la Moción 1/IX, sobre la realización de una auditoría ciudadana de la deuda. Esta moción se hizo en cumplimiento del “Acuerdo del Botánico” llevado a cabo entre Podemos, PSPV i Compromís. Desde la PACDPV saludamos la iniciativa.

Porque se necesita una auditoria ciudadana? El nuevo consell del País Valencià se ha encontrado con que la deuda de la Generalitat asciende a más de 40.000 millones de euros, lo que supone prácticamente el 40% de su producto interior bruto anual. Esto significa que cada valenciana, tiene una carga de más de 8.000 € de deuda sobre sus hombros. La progresión de la deuda es notable (en el 2005 era 10.532 y en el 2010 de 20.119 millones de euros) y, por tanto también la del pago de sus intereses. Esta deuda provoca un colapso presupuestario a la Generalitat. Conocer los por qués de como se ha llegado a esta situación es algo que necesita saber la ciudadanía, ya que ésta es quien debe decidir que hacer con la deuda. Esta moción puede abrir la puerta a la identificación de la parte ilegítima o ilegal de esta deuda.

La Generalitat, en estos últimos años, ha visto disminuir sus ingresos de forma ilegítima. La Generalitat recibe menos dinero del gobierno central tanto por una infrafinanciación histórica como por una disminución de las transferencias derivada de la crisis del 2008. Esta disminución de las transferencia de dinero se debe, en primer lugar, a la decisión política de los gobiernos estatales de disminuir la recaudación fiscal sobre los más ricos y de proteger sus patrimonios durante este periodo de “crisis”. Esta política fiscal discriminatoria ha sido secundada por el gobierno del País Valencià (por ejemplo, con la exención del Impuesto sobre el Patrimonio cuando lo podía haber mantenido y con la congelación de los tipos de gravamen a las rentas altas cuando los podía haber subido). La disminución de ingresos también se debe a la falta de persecución del fraude fiscal de las grandes empresas. Esta debilidad recaudatoria se vio agravada con el aumento de la deuda pública derivada del rescate dLogoPACD_0e la deuda privada de bancos y grandes empresas realizada por la administración central. La disminución de transferencias desde la administración central del estado -que se añade a una deuda histórica de 1000 millones anuales- ha obligado a pedir préstamos, y a aumentar, por tanto, la deuda de la Generalitat y los intereses que paga por ella. Como vemos, la parte importante del origen de la deuda radica en la política llevada a cabo por el gobierno del estado.

Además, parte del dinero público puede haberse gastado de forma como mínimo ilegítima. Algunos ejemplos. El pago de los conciertos con las grandes empresas aseguradoras dueñas de las concesiones de los hospitales de Alzira, de Elx, de Torrevella y de Dènia. El pago de los conciertos con las empresas privadas a las que se ha cedido la realización de resonancias, ya que como mostró la Sindicatura de Comptes esta concesión es más cara que el servicio público. El pago de negocios ilegítimos, y de una legalidad que hay que probar, como la Fórmula 1, la Ocean Volvo Race, el aeropuerto de Castelló, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, los sobrecostes de empresas públicas como Ciegsa, etc … Esto son gastos que no cubren necesidades básicas de la población. Esta disminución de ingresos y el aumento de gastos ilegítimos es el origen de recortes que todas padecemos.

Pero al tiempo que saludamos la iniciativa vemos que la misma tiene limitaciones importantes. Le dicen “ciudadana”, pero, desde nuestro punto de vista, esta auditoría la ciudadanía está de espectadora. La moció consta de 5 puntos y en 3 de estos el papel de la ciudadanía queda restringido. El punto 3 plantea que “se pondrá en marcha un órgano de fiscalización externa que realizará una auditoría pública” sin clarificar su composición. El punt 4t plantea que “se apoyará en y tomará como base los informes de los organismos creados al efecto en nuestro Estatuto de autonomía”. Eso quiere decir que la comisión ciudadana -si existe- no podrá establecer las preguntas y los criterios de ilegitimidad, así como que no tendrá acceso a los documentos y contratos, sino sólo a los informes ya hechos por las sindicaturas. De ser así, la comisión de auditoría estaría dirigida, en realidad, por los grupos políticos que han controlado (legalmente) el funcionamiento de estas instituciones.

Tampoco tendríamos acceso a documentos e información que nos permita establecer la ilegalidad de las acciones del gobierno valenciano del pasado. El punto 5 no tiene que ver con una auditoría ciudadana, ya que establece que, para un futuro, “se reforzarán los medios que poseen dichas instituciones”. Esto, en realidad, no significa nada, ya que el funcionamiento de estas instituciones va comandado por la actividad de los partidos mayoritarios de les Corts.

Por último, No hay ninguna referencia a las decisiones que puedan y deban tomarse al respecto del informe final, ni sobre las consecuencias de las ilegitimidades que se establezcan en torno a la deuda. ¿Cómo va a deliberar la ciudadanía sobre él?, ¿Con que plazos y procedimientos? ¿sus decisiones serán vinculantes? ¿Se le dará al informe final la presentación social que requiere?… etc

Por todo ello, el saludo inicial que hacemos desde la PACDPV no debe entenderse como un cheque en blanco. Las insuficiencias que hemos detectado consideramos que desactivan el potencial de salud y empoderamiento público que pudiera tener una auditoría ciudadana.

Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute (PACD)

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